Considera que el cobro de entrada es un «debate interesante» ante el «innegable recurso» que supondría
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio para solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía qué proyectos o estudios se realizan para una «posible alteración» del régimen de gestión del Conjunto Monumental de La Alcazaba así como sobre los «trabajos de evaluación o estudio sobre el establecimiento de un régimen de pago de entradas para la visita al monumento».
En su escrito, el Defensor considera que el cobro de entrada al monumento, que es una «asignatura pendiente» según la dirección del conjunto, es un «debate interesante» ante el «innegable recurso» que supondría para obtener «vías singulares de financiación para su mantenimiento o revertir en su puesta en valor».
En esta línea, el Defensor apunta su interés en conocer si hay algún estudio o consideración en la Junta que permitiera disponer de ingresos económicos gracias a la puesta en valor del monumento mediante el establecimiento de precios para acceder a su visita, lo que precisaría un cambio en el régimen jurídico actual de gestión de La Alcazaba.
La idea, que fue apoyada por distintos colectivos que luchan en favor del patrimonio, ha suscitado el interés del departamento que dirige Jesús Maetzu, quien también pide conocer el régimen de protección que ostenta en la actualidad La Alcazaba de Almería.
El Defensor ha afirmado que las acciones que posibilitan «el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección» ocupar un «lugar preeminente» en las acciones del defensor, quien ha incidido en su «permanente actuación» en relación con las «actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural almeriense».
«Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura», apunta la queja.
Artículo de La Voz de Almería, 27.4.2016
